Canal de denuncias que cumple la ley de protección del informante.

Preguntas frecuentes

¿Qué obliga la Ley 2/2023 a las administraciones públicas?

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, obliga a todas las administraciones públicas —incluidos los ayuntamientos, con particularidades para los de menos de 10.000 habitantes— a disponer de un Sistema interno de información, a designar un responsable del sistema, a aprobar un procedimiento de gestión y a garantizar la confidencialidad del informante y la posibilidad de comunicar de forma anónima.

¿Permite denunciar de forma verdaderamente anónima?

Sí. La comunicación se puede presentar sin identificarse y sin dejar rastro: no se registra la IP ni metadatos que permitan reconstruir quién informó. El informante recibe un código y una clave con los que vuelve al canal para seguir el expediente, responder a peticiones de aclaración y recibir la resolución, manteniendo el diálogo sin revelar su identidad.

¿Existe canal verbal o buzón de voz?

Sí. La ley exige permitir la comunicación verbal. El módulo incluye buzón de voz con distorsión de la voz, y permite registrar la reunión presencial solicitada por el informante dejando constancia documental conforme al procedimiento, con su consentimiento.

¿Cómo se controlan los plazos legales?

El sistema aplica los plazos de la ley automáticamente: acuse de recibo en un máximo de 7 días naturales y respuesta al informante en un máximo de 3 meses, ampliable a 6 en casos de especial complejidad. Cada expediente muestra su cuenta atrás y avisa al responsable antes de que venza.

¿Quién puede ver las comunicaciones?

Solo el responsable del sistema y las personas que él habilite para cada expediente concreto. El acceso está segmentado, todo queda registrado y ni el personal informático ni la dirección de la entidad pueden consultar el contenido. Los datos se cifran en reposo y en tránsito.

¿Incluye el libro-registro de informaciones?

Sí. La ley exige un libro-registro confidencial de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas. El módulo lo mantiene automáticamente, con la información obligatoria, y permite generar el extracto para la autoridad competente cuando lo requiera.

¿Se pueden derivar casos a la autoridad competente?

Sí. Cuando los hechos pueden ser indiciariamente delictivos o corresponden a otra autoridad, el expediente se remite a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o a la autoridad autonómica equivalente, dejando registro de la remisión y de su fecha.

¿Qué pasa con las represalias?

El expediente permite registrar y tramitar las medidas de protección frente a represalias previstas en la ley, y documentar cualquier incidencia posterior que el informante comunique, que es la evidencia que sostiene esa protección.

¿Cumple el RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad?

El tratamiento se realiza en infraestructura ubicada en la Unión Europea, con cifrado, control de accesos por rol, trazabilidad y borrado automático de los datos personales que no sean necesarios, en línea con el artículo 32 de la Ley 2/2023, el RGPD y las medidas del Esquema Nacional de Seguridad.

¿Sirve también para consorcios, empresas públicas o mancomunidades?

Sí. Una diputación o un ayuntamiento puede alojar el canal de sus entes dependientes, cada uno con su responsable del sistema, su procedimiento y sus expedientes separados, o compartir medios entre municipios pequeños como permite la ley.